El poder judicial en la región está a prueba con reformas controversiales, procesos de elección viciados por la corrupción y los poderes fácticos; y barridos completos de mesa para autocracias.
El estancamiento del anquilosado proceso de postulación para integrar el próximo período de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones en Guatemala refleja la pugna judicial que estremece a la región.
El entramado político que acecha al Organismo Judicial guatemalteco no da tregua. Su rescate es una de las grandes encomiendas del gobierno de la llamada Nueva Primavera, encabezado por Bernardo Arévalo, pero las fuerzas que buscan mantener en su cancha a la justicia no dan muestras de perder terreno.
La nueva comisión de postulación para elegir magistrados no ha podido ejercer debido a la falta de dos decanos de facultades de Derecho de universidades privadas, que se enmarcan en las diversas estrategias por conservar un poder que ha permitido suspender al partido oficial, atentar contra la democracia y criminalizar a incómodos al régimen de corrupción que lleva décadas cimentado.
Pero en la región la justicia ha sido un poder disputado por el espectro político y criminal. Nayib Bukele en El Salvador barrió con la sala constitucional y la Fiscalía en cuanto logró afianzarse, usando instrumentos legales para conseguirlo. Su control no ha necesitado de las sombras para ejercerse, a diferencia de otros regímenes.
En México, la ambiciosa reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a terminar su mandato, ha ocasionado un cisma político que se debate entre la necesidad de un nuevo régimen y una propuesta controversial, frente a un sistema en crisis que pareciera aferrarse a este último poder.
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