El levantamiento de la prohibición minera en El Salvador hurga en una herida abierta en la región en pleno colapso climático.
Bastaron 26 días para deshacer una prohibición minera de 7 años en El Salvador. Pero hubo decenas de avisos, guiños y sospechas previo a la precipitada acción legislativa. Incluso, el propio gobierno de Nayib Bukele alzó la voz en contra de otros proyectos mineros que ponían en riesgo sus ríos.
Este desenlace, que se pintó desde Casa Presidencial como un “milagro” y un “tesoro” sobre el que el país está “sentado”, encontró a la histórica resistencia –en El Salvador y en Centroamérica– que lucha en contra del expolio a la naturaleza y defiende el territorio de la degradación ambiental.
Según el régimen de Bukele, ya no hay pelno un regalo que hay que tomar y agradecer. Para esta autocracia, quienes piensen lo contrario carecen de agencia y caben todos en un mismo costal.
Esa lucha, organización y resistencia contra el extractivismo, como la emprendida en la comunidad de Santa Marta, en Cabañas, fue ejemplo para un proceso que llevó a El Salvador a convertirse en el primer país del mundo en aprobar una prohibición total de la minería metálica en 2017.
En El Salvador de 2025 la defensa del ambiente y el territorio ha remado particularmente a contracorriente en contextos cada vez más asfixiantes, a decir del ambientalista Francisco Pineda, quien en 2011 ganó el prestigioso premio Goldman Environmental. Ahora, advierte, el Estado será juez y parte al contar con acciones en las mineras, mientras que antiguos líderes comunitarios se han sumado al partido de gobierno, en un contexto de estado de excepción que amenaza a cualquier incómodo para el régimen.
En la región, las comunidades no han cesado en su defensa del territorio pese al derramamiento de sangre que ello ha implicado. El año pasado, fue asesinado en Honduras el ambientalista Juan López, defensor del río Guapinol, por poner un ejemplo.
Es el denominador común: corrupción, amenazas a la vida, confrontación, asesinato, impunidad y una huella imborrable contra el ambiente y la humanidad. Es la historia de Cerro Blanco, esa mina ubicada al oriente de Guatemala, casi fronteriza con El Salvador, y que el gobierno de Bukele señalaba de poner en riesgo al río Lempa.
En esta historia interminable, recomendamos dos investigaciones profundas sobre el auge del extractivismo en Centroamérica:
El especial “Las voces de quienes viven entre montañas. Resistencia de las comunidades de Guatemala frente al despojo”, producido por Visit Projects.
Y el informe Tendencias regionales y gobernanza en Centroamérica: Territorios y actores en la encrucijada, de PRISMA, el Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente, que tiene como misión fortalecer la gobernanza territorial inclusiva, sustentable y democrática de las comunidades locales, campesinas, forestales, indígenas y afrodescendientes de Centroamérica.
📷 Foto: Wendy Urbina para Proyecto Lava..
