Una Fiscalía que secuestra actas electorales. Un juez que cancela sin audiencias al partido oficial. Un gobierno que exhorta al pueblo a defenderlo. El golpe a la democracia en Guatemala no tiene fin.
Desde que Bernardo Arévalo y Karin Herrera sorprendieron a propios y extraños en la primera vuelta de las elecciones presidenciales a mediados de 2023, cuando pasaron con apenas el 11.74% de los votos en segundo lugar al balotaje, se activó en ese momento la maquinaria del llamado “Pacto de Corruptos” para frenar a toda costa su llegada al poder. Lo que vino después fue un descabellado intento de golpe de Estado judicial, tejido desde la Fiscalía.
Casos declarados bajo reserva, procesos acelerados de cancelación –por la vía penal– de un partido político y fuera de la ley electoral, aceptación de cargos de funcionarios criminalizados. Cada paso de Consuelo Porras –quien acaba su periodo al frente del Ministerio Público (MP) en mayo próximo– fue más estrambótico que otro, al punto de buscar la nulidad del partido que llevó a Arévalo al Palacio Nacional y, por ende, bajo su lógica perversa, declarar nula la elección y espuria su Presidencia.
La fiscal tiene el tiempo en contra y se nota en la baraja de casos que lanzó las últimas semanas. El lío legal mantiene en vilo a un gobierno que llegó con el mandato del combate a la corrupción y con el apoyo popular en defensa de la democracia y la legalidad, pero que no ha podido –o sabido– terminar con el golpe en proceso.
El domingo, acompañado de ministros acorralados, algunos asediados por el MP, Arévalo, por fin, llamó al pueblo de Guatemala a su auxilio y pidió a la Organización de Estados Americanos una reunión extraordinaria para que los ojos de la comunidad internacional volteen a ver la nueva ofensiva judicial en su contra. Y quizás así, lograr desatarse las manos para impedir el golpe que no dejó de caer desde julio de 2023.
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