Acusaciones de fraude, un supuesto golpe opositor, amenaza de intromisión militar en las actas electorales, árbitros bajo sospecha e insultos revisten una carrera presidencial sumamente tensa.
En menos de un mes se sabrá quién sucederá a Xiomara Castro en la Presidencia de Honduras y cómo se configurará el nuevo Congreso y las alcaldías. O al menos eso debería de ser lo que pase la noche del domingo 30 de noviembre próximo. Pero la incertidumbre le gana terreno a la lógica conforme se acerca la fecha, en una campaña construida sobre insultos entre los presidenciables, denuncias de un posible fraude, la intervención militar en las actas electorales y un árbitro cuestionado.
La última red flag la ondeó la propia mandataria, cuando acusó a la oposición de buscar dar un “golpe electoral”. Castro se basa en un audio hecho público por la Fiscalía, que señala a una consejera electoral del Partido Nacional, a un diputado del mismo partido y a un militar anónimo de supuestamente conspirar para “alterar el voto popular”, usar a su favor la movilización popular y declarar de forma anticipada al ganador, para evitar así la victoria del partido de gobierno, Libre.
Al tablero se suma la nota que las Fuerzas Armadas enviaron al Consejo Nacional Electoral para que se les facilite copia de las actas de las Juntas Receptoras de Votos para “verificar el resguardo y custodia” de las elecciones. Los militares se basan en un artículo de la Constitución que pone al Ejército a disposición del Consejo Nacional Electoral y delimita su rol en la custodia, transporte y vigilancia del material electoral. Pero organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Electoral, han visto esta decisión militar como una “extralimitación de funciones”.
Las encuestas tampoco muestran un final de carrera estandarizado. Al contrario, unas ven empate técnico entre los tres principales contendientes (Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasri Asfura), otras una ventaja de Nasralla por la mínima y una más ve adelantada a Moncada, la candidata oficialista. Y a ese escenario fragmentado se suma un reglamento para observadores de la elección, que les impide alertar irregularidades durante la jornada electoral; además de la discordia en cuanto a la conectividad en centros de votación.
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