Por: Eva Siomara Sosa Pérez, abogada guatemalteca
En mi soliloquio de domingo me pregunté a qué se debe tanta ambición por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), una universidad fundada en 1676 y la única estatal del país, con asignación constitucional de no menos del 5 % de los ingresos ordinarios del presupuesto, y la única universidad en el mundo con derecho a presentar iniciativas de ley.
A esta universidad, donde estudié, también se le otorgó poder a través de delegaciones oficiales en más de 50 instituciones del Estado, desde las que se ejerce poder en Guatemala y contribuye a que el status quo se mantenga intacto. Todo esto contrario a lo que inspiró a los constitucionalistas en 1985, que pensaron en incluir a la academia en la toma de decisiones en el país, ya que esto contribuiría a mantener el balance del poder y cooperaría a través de sus investigaciones a dar soluciones de las problemáticas nacionales.
Todo esto fue inspirado por lo que sucedía en la época en la cual la USAC y los pueblos originarios eran los sectores más golpeados por los regímenes militares que gobernaban desde 1954 en Guatemala, según el dossier de la muerte, caso conocido por la CIDH como el Diario Militar. En ese contexto fueron asesinados 183 dirigentes estudiantiles, profesores y sindicalistas, con la intención de silenciar las voces disidentes del régimen en esa época. Ahora se puede decir con certeza que los ideales de los constitucionalistas solo quedaron como una ilusión de aquellos que la escribieron.
Con la refundación del Estado en Guatemala, el poder pasó de estar en manos de los militares a estar en las manos del poder económico y entonces poder la USAC resultaba sumamente apetitoso. Para entender esto es necesario saber que la universidad tiene votos en los espacios de toma de decisión en todos los sectores que rigen el Estado a través de delegados que nombra el Consejo Superior Universitario (CSU), presidido por el rector actualmente cuestionado –y para mí, usurpador– Walter Mazariegos.
La USAC se encuentra presente en el área educativa superior donde tiene un delegado en Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental, un delegado ante el Fondo Conservación para la Naturaleza, dos delegados ante el Consejo Nacional contra el Cambio Climático, dos Delegados ante el Consejo de Enseñanza Privada Superior, dos delegados ante el Instituto Nacional de Bosques, un delegado ante el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola y enlaces ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Oftalmología y el Sistema de Estudios de Postgrado.
En el área económica tiene dos delegados ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), dos delegados ante la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, dos delegados ante la Comisión de Postulación del Contralor de Cuentas y dos delegados ante la comisión postuladora para el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria.
En el área jurídica se vuelve aún más interesante el poder de la USAC, ya que de manera directa delega dos magistrados (titular y suplente) de la Corte de Constitucionalidad, dos delegados ante la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia y también Corte de Apelaciones, dos delegados ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, en donde por ley el rector de la USAC preside; y tiene un delegado ante las comisiones de postulación del Ministerio Público e Instituto de la Defensa Nacional.
Para entender la ambición de Walter Mazariegos por la USAC debemos verlo desde la práctica. Hay que recordar que desde 2022 la universidad está dirigida de manera anómala por Mazariegos, coincidiendo con la administración del presidente Alejandro Giammattei, quien nombró como director del INDE a Melvin Quijivix, quien posteriormente fue acusado por haber otorgado contratos por 1.4 millones de quetzales a empresas en las cuales él había sido gerente general. Para que esto sucediera tuvo que haber la previa aprobación de la junta directiva del INDE, donde hay dos plazas representadas por la USAC.
En julio de 2023 tanto Quijivix como Mazariegos fueron incluidos en la Lista Engel por el Departamento de Estado de Estados Unidos por considerarlos actores antidemocráticos. Esta fue la primera vez que las sanciones del país norteamericano alcanzaron a la educación superior en Centroamérica y la primera vez que un rector de facto de una universidad estatal fue considerado como un actor corrupto de la región.
Otro ejemplo en la práctica del poder de la USAC tiene que ver con el delegado ante la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, entidad que rige la estabilidad económica y regula las entidades bancarias del país. Ahí se designó al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Byron Giovanni Mejía Victorio, quien, a pesar de haberse vencido su periodo ante el Consejo Universitario, fue nombrado como decano por ejercer funciones de vocal.
Todas las disputas por el poder en la USAC se resuelven en definitiva por la Corte de Constitucionalidad, en donde uno de los cinco magistrados es nombrado precisamente por la universidad, a través del CSU presidido por Walter Mazariegos. En febrero de 2026 se nombró como magistrada titular a Julia Marisol Rivera Aguilar, quien estuvo casada con el actual secretario general de la USAC, Luis Fernando Cordón Lucero, uno de los principales asesores del rector anómalo.
Recientemente, a través del voto decisivo de la magistrada designada, se resolvió seguir protegiendo a Mazariegos al haber denegado dos de los amparos que habían sido otorgados en primera instancia a los electores de oposición que señalaron irregularidades en los procesos previos a la votación, en la cual solamente 75 de los 171 electores ejercieron el derecho a voto en el Consejo Superior Universitario para elegir a Mazariegos como supuesto rector. Además otros 18 amparos fueron desestimados por supuestamente no haber agotado los recursos ordinarios previos y porque los electores que no participaron no tenían legitimidad, dejando más dudas que certezas jurídicas.
La conclusión de mi soliloquio fue que la lucha por el poder de la USAC debería ser para realizar investigaciones que contribuyan a la solución de problemáticas sociales y que esas se presenten como iniciativas de ley ante el congreso. Pero no debe ser una lucha por favorecer a los grupos económicos y políticos tradicionales. Sin embargo, la realidad demuestra que en el último lustro no se ha conocido de una sola investigación o propuesta en beneficio de la sociedad guatemalteca.
