Este estudio analiza la sostenibilidad del ecosistema conformado por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y medios independientes en Centroamérica durante el periodo 2025–2028, con énfasis en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La investigación se desarrolla en un contexto regional caracterizado por el cierre progresivo del espacio cívico, la consolidación de prácticas autoritarias, la criminalización de la defensa de derechos humanos y el periodismo independiente, así como la reducción sostenida de fondos destinados a las agendas democráticas y de derechos.
El objetivo principal es identificar, desde una perspectiva comparada, las vulnerabilidades que comprometen la continuidad del ecosistema, así como las estrategias emergentes de adaptación, innovación y articulación que los propios actores están implementando o imaginando para su sostenibilidad.
La investigación se llevó a cabo en el segundo semestre del 2025 mediante un enfoque mixto y secuencial. En una primera fase cualitativa se realizaron entrevistas en profundidad con actores clave del ecosistema, con el propósito de captar dinámicas complejas, riesgos emergentes y perspectivas sobre el futuro inmediato de la región. En la segunda fase, de carácter cuantitativo, se aplicó una encuesta estructurada basada en el Índice RIOCA (Resistencia Institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Centroamérica) a un total de 58 organizaciones y medios. Todas las organizaciones entrevistadas respondieron también la encuesta, lo que permitió una triangulación directa y deliberada entre la evidencia cualitativa y los datos cuantitativos. Finalmente, se construyeron escenarios nacionales y se realizaron grupos focales por país como espacios de deliberación estratégica y generación de propuestas. Estos escenarios se realizaron no como ejercicios predictivos, sino como disparadores analíticos para identificar estrategias en curso, estrategias posibles y estrategias robustas aplicables a distintos futuros.
El hallazgo central del estudio es que el ecosistema regional enfrenta una crisis que no puede interpretarse como coyuntural ni limitada al ámbito nacional. Se trata de una reconfiguración estructural y acumulativa, en la que el deterioro democrático y el cierre del espacio cívico se combinan con una contracción financiera que ha dejado de ser cíclica para reflejar un cambio más profundo en los entornos regional y global de sostenibilidad. La vulnerabilidad del ecosistema proviene tanto de amenazas externas —represión, criminalización, censura, autocensura, persecución y regionalización del autoritarismo— como de dinámicas internas persistentes: fragmentación, competencia por fondos, desconfianza acumulada y debilitamiento progresivo de las capacidades de base o de la infraestructura organizacional crítica (gestión administrativa y financiera, investigación, comunicación estratégica, liderazgo, gobernanza interna y cuidado).
Un elemento transversal especialmente crítico es la escasa, y en muchos casos casi existente conciencia de que la reducción del financiamiento constituye una nueva realidad estructural, y no un episodio temporal. En consecuencia, una parte significativa del ecosistema mantiene un patrón reactivo, operando en “modo espera”, como si el entorno fuera a normalizarse. Esta tendencia incrementa el riesgo de cierres abruptos, pérdida de capacidades estratégicas, precarización laboral y deterioro de los vínculos con comunidades y audiencias. Paralelamente, la investigación evidencia un aumento sostenido del exilio, el desplazamiento forzado y la represión transnacional como condiciones permanentes de operación, lo que incrementa los costos, los riesgos y la complejidad institucional, y obliga a muchas organizaciones a reconfigurar sus estrategias de intervención desde el exterior.
El análisis comparado muestra diferencias sustantivas entre países. Nicaragua concentra el contexto más restrictivo y la mayor fragilidad estructural, con estrategias de supervivencia transnacional y una marcada dependencia de la incidencia internacional. En El Salvador predomina una combinación de pesimismo, autocensura y desgaste frente al cierre progresivo del espacio cívico, acompañada de una limitada capacidad para imaginar rutas de sostenibilidad más allá del financiamiento tradicional. Honduras aparece como el ecosistema más fracturado, con déficits profundos de confianza y coordinación que reducen su capacidad colectiva de adaptación y de construcción de estrategias compartidas. Guatemala, por su parte, presenta mejores condiciones relativas de sostenibilidad, aunque enfrenta un riesgo inminente vinculado al ciclo electoral 2026–2027 y a la posibilidad de una regresión política. Estos hallazgos confirman que la cooperación efectiva no puede abordar a Centroamérica como un bloque homogéneo: requiere estrategias diferenciadas por país y, a la vez, una lectura regional que reconozca las amenazas comunes y los factores estructurales que las sostienen.
En materia de innovación, el estudio identifica una diversidad de enfoques emergentes e insuficientes para contrarrestar la contracción del entorno: diversificación de actividades (servicios, consultorías, producción audiovisual, academias), generación de aportes comunitarios (membresías, crowdfunding, donaciones individuales), uso de instrumentos financieros (inversiones a plazo fijo), creación de estructuras espejo en el exterior y establecimiento de alianzas no tradicionales orientadas a compartir costos o estrategias de sostenimiento. Sin embargo, la conclusión transversal indica que la innovación, aunque existe, suele ser fragmentada y de alcance limitado, pues se desarrolla en condiciones de sobrecarga, precariedad y alta presión; sin capital semilla, acompañamiento técnico sostenido ni margen institucional para la experimentación. En consecuencia, la innovación tiende a operar más como una táctica reactiva orientada a “salir del paso”, que como una agenda deliberada de transformación organizacional o ecosistémica.
El estudio concluye que aún existen márgenes reales de acción, siempre que el periodo actual se asuma como un punto de inflexión. Este margen operativo podría extenderse entre 18 y 24 meses a partir de la publicación del estudio. La resiliencia del ecosistema dependerá menos del volumen total de recursos disponibles que de la capacidad de adaptación estratégica, la claridad en las prioridades, el fortalecimiento de la infraestructura organizacional crítica y la coordinación efectiva entre actores. En este contexto, mantener y priorizar el apoyo a Centroamérica no solo resulta urgente, sino también estratégico: la región se ha convertido en uno de los escenarios de deterioro democrático más acelerado del hemisferio y en un laboratorio extremo de disputa por la verdad pública y la defensa de derechos. Retirarse o reducir el respaldo en este momento significaría acelerar la degradación del ecosistema democrático y dejar sin protección a sectores clave: el periodismo independiente, las defensorías territoriales, los derechos humanos, las juventudes, los pueblos indígenas y los movimientos feministas. El desafío central, por tanto, no consiste en decidir si se debe apoyar a la región, sino en cómo atizar el fuego común para sostener las luchas centroamericanas con mayor efectividad en un contexto de contracción financiera estructural y progresivo cierre del espacio cívico por la deriva autoritaria.