La llegada de Gabriel Estuardo García Luna al Ministerio Público de Guatemala cierra el ciclo de elecciones de autoridades del sector justicia del último lustro de años en Guatemala.
Escrito por Eva Siomara Sosa Pérez, abogada guatemalteca
El nombramiento de García Luna carga consigo la esperanza de todo un pueblo que reclama justicia, principalmente los grupos más vulnerables: las personas trabajadoras extorsionadas desde las cárceles, a quienes les roban el celular en las calles, las mujeres que sufren violencia y no son escuchadas, el narcotráfico que cada día se arraiga en nuestras comunidades y que arrastra consigo crímenes que quedan en la impunidad, esas niñas madres menores de 15 años que son violadas y jamás obtienen una reparación digna. Todos ellos respiran aire de cambio y en sus corazones palpita la esperanza.
Eso mismo sentimos quienes tuvimos que salir al exilio como consecuencia de la persecución que sufrimos, impulsada por la anterior administración de Consuelo Porras.
Desde la llegada de Porras, cuando trabajé en el Ministerio Público, pude apreciar cómo se fueron desarmando las fiscalías y unidades que anteriormente se habían construido para atender estos crímenes. Cuando fui trasladada a la fiscalía liquidadora en 2018 fui testigo de cómo se trasladaron de la fiscalía de la niñez víctima más de 8 mil denuncias para que se desestimaran. Dentro de ellas se encontraban órdenes de captura por violación a niñas. Eso no le importó, solo le importaba que se emitiera un archivo para su estadística. Igual sucedió con 5 mil denuncias que fueron trasladadas de la fiscalía de la mujer a la liquidadora.
Todo ese retroceso no hubiera sido posible si los jefes de las fiscalías no hubieran acatado cada orden que silenciosamente daba Porras y que iba desdibujando todo lo que anteriormente se había logrado.
Fui testigo de cómo en el caso Odebrecht, que tuve a mi cargo cuando trabajé en la anterior Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), con la anuencia del MP se decretó sobreseimiento a favor de Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón y no se continuó la investigación en contra de 108 diputados que en 2012 habían recibido sobornos. En cambio, Porras dio instrucciones para que se solicitaran órdenes de captura en contra de Juan Francisco Sandoval y mi persona, por abuso de autoridad, por habernos atrevido a obtener información desde Brasil que nos permitió documentar fehacientemente que los empresarios brasileños habían entregado casi 18 millones de dólares a esos funcionarios del gobierno del Partido Patriota.
Estos son tan solo dos ejemplos que muestran cómo durante los ocho años de administración de Consuelo Porras los recursos del Ministerio Público fueron utilizados para deshacer todos los avances que las administraciones anteriores habían alcanzado con mucho menos presupuesto al que se le asignó a su administración. Los números son claros, la efectividad cayó de un 14% en 2018 a un 6% en 2025, pero el presupuesto aumentó en un 160%.
Como ciudadana guatemalteca tengo la esperanza de que el nuevo fiscal podrá trabajar de manera coordinada con el gobierno para combatir estos crímenes que a diario se cometen y que causan tanto daño a la ciudadanía. Espero que el nuevo fiscal general sea consciente que esto repercute en los hogares y en la economía de nuestro país; que esté consciente que combatir la corrupción también debe ser una prioridad en su administración, pues el erario nacional debe de llegar a esa misma población, para generar una simbiosis de prosperidad desde los sectores que más lo necesitan.
Como exiliada he conocido la realidad de los migrantes guatemaltecos, que siguen trabajando para nuestro país, sosteniendo desde el extranjero a sus familias e inyectando diariamente a la economía. Espero que el fiscal general también sea consciente que los migrantes sufrimos con los crímenes que se comenten dentro de nuestro país, pero además nos enfrentamos al crimen organizado que trasciende fronteras y que para enfrentarlo se necesita de coordinación a nivel internacional.
Finalmente, como abogada y ex operadora de justicia trabajadora del Ministerio Público, me siento especialmente identificada con ese sentimiento de esperanza por el nombramiento del nuevo fiscal general. Todo cambio es necesario, es uno de los principios de la república para oxigenar las instituciones y que lleguen a ellas agentes de cambio. Seguramente el nuevo fiscal tiene ya su gabinete que lo acompañará en las distintas secretarías y jefes de unidades, lo que es muy bueno y necesario.
Pero como fiscal de carrera espero que también sea capaz de revisar desde adentro las fiscalías que están llenas de jefes de sección que fueron entrenados por la fiscal general anterior, y que se acostumbraron a ganar más por hacer menos y solamente cumplir con órdenes, sin cuestionar su legalidad o el impacto negativo que causarían a las víctimas. Espero que tenga la capacidad de revisar todos esos procesos que se iniciaron con base únicamente a las denuncias presentadas pero que no están acompañados de pruebas realizadas por el Ministerio Público.
La labor que le espera al nuevo fiscal general será titánica, al revisar y analizar estos procesos y decidir sobre la procedencia o no de estos y dar una respuesta al clamor de justicia que las más de cien personas que tuvimos que exiliarnos demandamos con esperanza.
