En mis años 20, cuando estudiaba en la universidad y comenzaba a interesarme por la historia de los movimientos sociales en América Latina, el exilio era una experiencia que asociaba con las dictaduras del Cono Sur y con historias como las de Eduardo Galeano y Mercedes Sosa. Me acerqué al tema también a través del rock latinoamericano: las canciones de Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta me acercaban al clima de censura, miedo, desapariciones y resistencia que marcó a una generación. Sin embargo, sabía muy poco sobre los exilios centroamericanos. El exilio me parecía algo perteneciente a otros tiempos y otros lugares.
En Nicaragua, para 2014, comenzaban a profundizarse las señales de deterioro democrático. Sin embargo, incluso frente al avance del autoritarismo, la idea del exilio seguía pareciéndome lejana. Eso cambió en 2018. De pronto, amigas y amigos comenzaron a irse del país para proteger sus vidas. El exilio dejó de ser una historia que había leído en libros o escuchado en canciones y se convirtió en un fantasma que constantemente rondaba nuestras casas y nuestras conversaciones. Hasta que un día ese fantasma se me apareció de frente.
Yo soy solo una entre las miles de personas nicaragüenses que han buscado protección internacional desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018. A mediados de 2025, ACNUR registraba aproximadamente 342,000 personas nicaragüenses solicitantes de asilo, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, México y España.
Las personas refugiadas y solicitantes de refugio salimos de nuestros países en busca de protección y con la esperanza de ejercer los derechos que nuestros Estados de origen nos han negado, así como aquellos que nos reconoce el derecho internacional. Buscamos las condiciones mínimas de seguridad para reconstruir nuestros proyectos de vida, pero también para sostener nuestros proyectos políticos. Muchas personas exiliadas compartimos un mismo horizonte: contribuir, desde donde nos encontramos, a la construcción de sociedades más democráticas en nuestros países de origen.
La paradoja de los derechos sin ciudadanía
En un contexto global marcado por el avance de tendencias autoritarias y persistentes violaciones a los derechos humanos, resulta necesario hacernos una pregunta fundamental: ¿Qué ocurre cuando el Estado que debería proteger a sus ciudadanos se convierte en el responsable de perseguirnos o de negarnos nuestros derechos?
Amnistía Internacional documentó que «el año 2025 estuvo marcado por ataques depredadores que buscan acabar con los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas«. Estados poderosos socavan el sistema internacional, gobiernos bloquean intentos de rendición de cuentas para atrocidades, y los derechos humanos se vuelven cada vez más frágiles.
Estas preocupaciones se suman a las políticas de restricción migratoria impulsadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en México, así como las limitaciones presupuestarias que también enfrentan organizaciones de sociedad civil que brindan servicios de acompañamiento a personas en situación de movilidad forzada. Paralelamente, también ha habido un aumento sostenido de personas que buscan protección internacional en varios países, incluido México.
En este escenario, la defensa del sistema internacional de refugio adquiere gran relevancia, ya que su debilitamiento no sólo compromete la protección de quienes huimos de la persecución y la violencia, sino también la vigencia de los principios de derechos humanos que le dan sustento.
Defender el sistema de refugio no solo es una cuestión jurídica, es una postura ética y política en un contexto de crecientes violaciones a los derechos humanos. El refugio como figura de protección internacional reconoce que existimos personas que no podemos volver a nuestros países, porque nuestra vida, libertad y dignidad se encuentran amenazadas. Como señala Enrique Coraza de los Santos: «Los conceptos de refugiado y de asilado no [solo] son conceptos de movilidad, son figuras jurídicas de protección».
Aunque solemos pensar en los derechos humanos como universales e inalienables, Hannah Arendt señaló en Los orígenes del totalitarismo una paradoja que continúa siendo relevante hasta el día de hoy: la proclamada universalidad de los derechos humanos depende, en la práctica, de la pertenencia a un Estado que garantice ciudadanía y protección efectiva. Arendt no cuestiona la validez moral de los derechos humanos; subraya su fragilidad práctica cuando se pierde la pertenencia a una comunidad política. Dicho de otro modo, la promesa de universalidad de los derechos encuentra sus límites cuando una persona pierde la protección del Estado al que pertenece o cuando ese mismo Estado se convierte en agente de persecución.
Fue precisamente la experiencia de millones de personas desplazadas, refugiadas y apátridas durante el siglo XX la que llevó a Arendt a reflexionar sobre esta contradicción. Personas que habían perdido la protección de sus Estados descubrieron que, aun siendo titulares de derechos en teoría, carecían de una instancia política que pudiera garantizarlos en la práctica.
Esta situación resulta especialmente evidente en el caso de las personas apátridas, ya sea de jure —aquellas que carecen legalmente de una nacionalidad— o de facto —quienes poseemos una nacionalidad en el papel, pero no podemos acceder a la protección que esta debería brindarnos—. Como señala Arendt:
“…Contra los intentos humanitarios mejor intencionados de obtener de las organizaciones internacionales nuevas declaraciones de los derechos humanos, tendría que comprenderse que esta idea trasciende la esfera actual de la ley internacional, que todavía opera en términos de acuerdos recíprocos y de tratados entre Estados soberanos; y, por el momento, no existe una esfera que se halle por encima de las naciones”.
En este sentido, las personas apátridas, refugiadas y exiliadas políticas que hemos sufrido destierro, retención de pasaportes y prohibiciones de salida o entrada al país, hemos quedado fuera de la protección estatal que debería garantizar nuestros derechos. La magnitud de estas prácticas ha sido ampliamente documentada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) —cuyos hallazgos se sustentan en cientos de entrevistas realizadas a víctimas, familiares, testigos y otras fuentes—. Hemos perdido lo que Arendt considera el derecho fundamental: “El derecho a tener derechos, o el derecho de todo individuo a pertenecer a la humanidad”.
Es precisamente frente a esta paradoja que adquiere sentido el sistema internacional de protección a las personas refugiadas. Si los derechos humanos pueden quedar suspendidos cuando un Estado deja de proteger a su población, el refugio constituye uno de los mecanismos creados por la comunidad internacional para restituir, al menos parcialmente, esa protección.
En el caso de México, esta responsabilidad internacional también encuentra sustento en una larga tradición de acogida a personas perseguidas políticamente, desde los exilios europeos y del Cono Sur, hasta los centroamericanos.
El sistema de refugio como esperanza política
Cuando nos vemos obligados a exiliarnos existen múltiples pérdidas: las de nuestro entramado social, ese que hemos tejido en nuestro lugar de nacimiento y que está repleto de afectos; nos vemos obligadas a alejarnos físicamente de los referentes culturales que nos dan sentido de pertenencia, así como de nuestra comunidad política, en las que deberíamos ejercer el derecho a la acción: opinar, participar, incidir.
Defender el sistema de refugio es defender la posibilidad de que la vida humana tenga valor incluso cuando nuestros Estados de origen se convierten en nuestros persecutores. Es reconocer que la protección internacional no es un privilegio, es un derecho reconocido por el derecho internacional mismo. Es la diferencia entre ser una persona apátrida sin derechos y ser una persona refugiada con documentos, con salud, con trabajo, con una comunidad política que en sus marcos legales reconozca nuestra dignidad y brinde las condiciones para que tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros proyectos de vida y políticos.
Como sugiere Enrique Coraza de los Santos, el exilio no es solamente desplazamiento; también es una experiencia política que reorganiza sentido de pertenencia, vínculos e incidencia, y permite que muchas luchas democráticas continúen desde el exilio.
Cuando era estudiante, pensaba que el exilio pertenecía a otros tiempos y otros lugares. 12 años después esta palabra que se sentía lejana y en el pasado, es parte de mi vida y sé que sigue siendo una realidad para millones de personas. También sé que, frente a la persecución, el refugio representa mucho más que una figura jurídica: es la afirmación de que ninguna persona debe quedar fuera de la comunidad humana por haber sido expulsada de la comunidad política a la que pertenecía.
El sistema de refugio es esa garantía y defenderlo es una postura ética y política. Es la esperanza de que, incluso en tiempos de exilio y represión, la vida puede reconstruirse y la lucha por la democracia puede continuar.
