El caso fabricado por la Fiscalía guatemalteca en contra del proceso electoral asedia a la democracia y representa un modelo regional de actuar con absoluta impunidad.
El golpe a la democracia sigue vigente en Guatemala. Mientras el presidente, Bernardo Arévalo, asegura en su cuenta de Twitter que “no triunfarán los operadores de la impunidad”, el Ministerio Público aprieta la tuerca del caso denominado “Corrupción Semilla”, en contra del proceso electoral y el propio partido del mandatario.
Esta semana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que lidera el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos, pidió al Tribunal Supremo Electoral un pronunciamiento acerca de los resultados de las elecciones generales de 2023, que la propia FECI busca anular, indica Prensa Comunitaria. La solicitud insta al Tribunal que informe sobre hallazgos de las supuestas imprecisiones que llevaron a constituir un fraude en los resultados electorales, como detalla aquí Quorum.
La incertidumbre se nutre de denuncias en ambos flancos, la correlación de fuerzas se inclina y la pugna de poder se agrava.
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