Los esfuerzos de memoria histórica en la región resisten el embate generalizado del autoritarismo.
En Centroamérica los esfuerzos por silenciar la memoria histórica son intensos y diversos. Desde los cuarteles, a las boutiques clandestinas o las propias casas de gobierno; no hay país exento de estos intentos. Son contados los territorios que destinan esfuerzos gubernamentales por la recuperación de la memoria y en defensa de la verdad, la justicia y la lucha por recuperar la historia oculta por los regímenes autoritarios.
Con todo en contra, un grupo de académicos del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) publicó un sitio con el acervo histórico en digital que le fue confiscado a la Universidad Centroamericana luego de su cierre ordenado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este bálsamo contra el olvido no solo significa la recuperación de alrededor de 70 mil documentos históricos vitales para narrar Nicaragua, sino es la muestra tangible de resistencia de la memoria histórica en los peores escenarios imaginados.
En Guatemala, también contracorriente avanza otro proceso judicial que ha tenido poca visibilidad en un contexto tenso de criminalización, pugna entre el gobierno y el Ministerio Público y elección de jueces y magistrados. Se trata del caso contra el general Benedicto Lucas García, un sanguinario militar acusado de genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad contra el pueblo ixil.
A pesar de la presencia de Consuelo Porras al frente de la Fiscalía, el proceso continúa avanzando, ampliando la lucha de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del conflicto armado interno. Esto ocurre tras el frustrado primer juicio por genocidio contra el fallecido dictador José Efraín Ríos Montt, quien, en 2013, logró evadir la condena inicial debido a una controversial deliberación de la Corte de Constitucionalidad.
A diferencia de sus vecinos, Honduras se ha adelantado en este proceso de recuperación de la memoria desde la perspectiva institucional. El gobierno de Xiomara Castro creó el Instituto Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo. Sin embargo, persiste el riesgo de que la lucha de quienes insisten en la responsabilidad del Estado por los crímenes cometidos durante la guerra sea apropiada por otros intereses.
La memoria histórica es, pues, un terreno de disputa en el que prevalece –a pesar de la hostilidad y represión– el gran esfuerzo y la dedicación de los pueblos originarios, comunidades y familiares de víctimas que dedicaron su vida a la búsqueda de justicia.
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