Al menos dos gobiernos de Centroamérica se debaten en hondas crisis por sus presuntos vínculos con grupos del narcotráfico, ante el incremento de narcocultivos y violencia desaforada.
Los gobiernos de Honduras y de Costa Rica enfrentan duras críticas de la oposición por la presunta vinculación estrecha de familiares con el crimen organizado, negociaciones opacas y menoscabo de la fuerza pública. Esto sucede mientras el territorio y las condiciones políticas de la región se muestran apetecibles para el cultivo de cocaína, en tanto se desata una auténtica guerra entre carteles en ambas fronteras de México.
A la familia del expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria hondureña, Xiomara Castro, no dejan de brotarle casos de supuesta proximidad con narcotraficantes. A finales de septiembre se desató el escándalo, cuando la embajadora estadounidense Laura Dogu se pronunció en contra de la reunión que sostuvo su hijo y entonces ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, imputado por narcotráfico por el Departamento de Justicia de EEUU.
Esto provocó que Castro anunciara la terminación del tratado de extradición con Estados Unidos, a lo que le siguió una publicación de Insight Crime de un vídeo que mostraba a su cuñado, Carlos Zelaya, reunido en 2013 con narcotraficantes que le ofrecían miles de dólares para la primera campaña electoral fallida de la actual presidenta hondureña. Esta crisis ha sido calificada por la gobernante como la puesta en marcha de un golpe de Estado en su contra promovido desde el extranjero.
En Costa Rica, comienza a avanzar una narrativa similar. Esta semana el Congreso, de mayoría opositora, aprobó una moción para investigar al presidente Rodrigo Chaves por la presunta negociación de su Gobierno con grupos criminales relacionados con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, mientras la tasa de homicidios alcanzó el año pasado el récord de 17.2 por cada 100 mil habitantes. El país, además, ha ganado relevancia en el transbordo de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa, un extremo que ha ocasionado mayor violencia y corrupción.
En México, la violencia por el control territorial de los grupos de narcotraficantes no cesa. Si bien Culiacán, al norte del país, protagoniza el escenario de una batalla cruenta que no parece menguar, en Chiapas precisamente los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan la zona de proximidad con Guatemala desde 2021, lo que ha provocado la huida de cientos de familias mexicanas al otro lado de la frontera.
Pero más allá de la disputa política y de los clanes familiares, el terreno fértil centroamericano es susceptible de la expansión del cultivo de cocaína, tradicionalmente elaborado en Colombia, Perú y Bolivia, según una investigación de la revista Environmental Research Letters. La región, que de por sí ya es considerada un centro logístico de distribución de la droga en el continente, cuenta con un 47 por ciento del norte de su territorio (Honduras, Belice y Guatemala) con características favorables para el cultivo de coca; aunque este porcentaje podría crecer tomando en cuenta factores económicos, políticos y sociales del istmo, según el estudio.
Este huracán del narcotráfico no tiene pinta de debilitarse a tormenta tropical. Al contrario, debido a la debilidad institucional, la fertilidad del terreno y de la corrupción, el temporal es más aciago que esperanzador.
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