Centroamérica enfrenta desde hace décadas una epidemia de violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo, incluso con aumento de feminicidios y agresiones en el último año.
La espiral de violencia de género en todas sus representaciones no deja de crecer en Centroamérica, ante la inacción de las autoridades y el peligro latente de regímenes conservadores que criminalizan a las mujeres.
En lo que va del año, al menos 812 mujeres han sido asesinadas en el istmo, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) e Infosegura.
El país centroamericano que más muertes violentas de mujeres ha aportado en 2024 es Guatemala, con 432 (y más de 44 mil denuncias de violencia contra la mujer), pero el que mantiene un índice mayor de feminicidios es Honduras, con una tasa de 7.2 casos por cada 100 mil habitantes; lo que significa, incluso, que es la nación de mayor ataques fatales contra mujeres de Latinoamérica.
Los feminicidios en la región están a la puerta de convertirse en una “epidemia” de violencia machista, tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud considera tal extremo a un territorio que registra tasas de más de 10 homicidios por cada 100 mil personas.
En toda Latinoamérica y El Caribe, las cifras también son alarmantes, según CEPAL. Solo en 2023 al menos 3,897 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Esto equivale a al menos 11 muertes violentas de mujeres cada día.
Este panorama de la violencia de género entre jóvenes de Latinoamérica es aún más devastador cuando 7 de cada 10 mujeres han asegurado haber vivido algún tipo de violencia de género, en comparación de un 60 por ciento de hombres que dicen no haber sufrido este flagelo, como explica este post de AJ Plus en Instagram con base en un informe de Oxfam.
En Nicaragua, por ejemplo, la criminalización desaforada del régimen Ortega-Murillo en contra de todo lo crítico y amenazante también atenta contra el movimiento feminista, como cuenta este post de HoraCero.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de Guatemala anunció que el presidente Bernardo Arévalo firmará lineamientos para el abordaje integral del acoso sexual contra las mujeres en el Organismo Ejecutivo, como medida para mostrar cero tolerancia a la violencia machista.
Un grupo de diputados ultraconservadores de ese país, sin embargo, pretende endurecer las leyes contra el aborto, al promover una ley que penalice a quien promueva o facilite la interrupción del embarazo. Se denomina Ley para la Conservación Integral de la Sociedad y también incluye un apartado para prohibir el matrimonio igualitario.
Es un ejemplo de la pugna y el simbolismo que alcanza las altas esferas en nuestros países: lineamientos y oficios para proteger a las mujeres, contra leyes que endurecen y amplían las penas.
Una región que, además, insiste en invalidar la representación política de las mujeres, donde los porcentajes de participación en asambleas y congresos, alcaldías y presidencias, incluso en puestos directivos corporativos, es ínfimo en comparación del acceso, poder y control que ejercen los hombres.
Así lo cuenta El Faro, en el caso de El Salvador, que subraya el poder “simbólico” al que apenas se aspira si se es mujer allí, donde la “masculinización del poder” obliga a las mujeres a actuar con “ADN de hombre” para ser aceptadas en un sistema patriarcal.
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📷 Rubí Salgado en Unsplash
