Escrito por Nery Chaves García*
Desesperanza, temor, arraigo, dolor. Todo, a la par de sueños, proyectos, intenciones y un largo camino que se extiende a lo que puede ser una luz de esperanza, posibles respuestas a numerosas violencias y al empobrecimiento crónico. Respuestas que se desdibujan ante los numerosos obstáculos del caminar hacia Estados Unidos (EE.UU.), marcados por el crimen organizado y Estados que se desdoblan ante el autoritarismo, la violencia y la criminalización de las personas migrantes más no contra la delincuencia organizada y/o contra las personas corruptas que posibilitan dichas acciones ilegales. Sueños que muchas veces acaban en los trayectos y puntos ciegos de la ruta migratoria más importante, dinámica y peligrosa del mundo.
Lo cierto es que, al cierre del 2024, resulta complejo reflexionar sobre las migraciones, sobre esas millones de vidas que deciden emprender la larga y peligrosa ruta hacia EE.UU. porque en sus lugares de origen se impusieron numerosas pesadillas que hacen de la vida un bien preciado. Un bien con una demanda en constante crecimiento.
Tal complejidad se traslada a estas palabras, donde emanaron miles de preocupaciones y sentires que para una migrante privilegiada –como yo– son difíciles de apalabrar y reflexionar. Privilegios que inician con la posibilidad de decidir si migrar o no, condición que se posibilitó por el acceso a estudios universitarios y una serie de derechos que, a la luz de la profundización del neoliberalismo, se convierten en privilegios para importantes sectores de la población centroamericana. Pues, no existe dignidad para buena parte de las mujeres, personas feminizadas, jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, de la comunidad LGTBQ+ y mucho menos para los Pueblos Originarios y afrodescendientes. Y se suman a las tensiones políticas alrededor de las migraciones deseadas y también con la exclusión y discriminación de migrantes racializades, empobrecides, vulnerabilizades, jóvenes, mujeres, personas feminizadas o que pertenecen a un Pueblo Originario y afrodescendiente.
También es cierto que ninguna persona migrante puede escapar a las dinámicas excluyentes, violentas o a las que les exotiza. Incluso, las personas migrantes no contamos con derechos políticos -por mencionar un ejemplo- por ser consideradas como ciudadanas de segunda categoría o bien, como sujetas que no pueden ejercer tales derechos. Las personas migrantes difícilmente contamos con la capacidad de votar, opinar y participar hasta que “demostremos” lo contrario: con exámenes que miden alguna especie de pertenencia cultural y luego de pagar sumas importantes de dinero que, sin lugar a duda, ya establecen un muro imponente entre migrantes deseados y los no deseados.
Otra cuestión compleja a abordar tiene que ver con las diversas aristas de las migraciones, las cuales van desde el país de origen, el trayecto y las tensiones en los países de acogida. En general, las miradas están centradas en los procesos de integración de las personas migrantes, sobre las tensiones que ocurren cuando una persona llega a ese otro país dispuesta a construir un nuevo proyecto de vida. Mientras que una de las grandes ausencias tiene que ver con las tensiones y dinámicas que arrojan a estas personas a ver en la migración como la única opción para la vida, para multiplicarla y reproducirla. Por ello, en esta ocasión quiero centrarme en las dinámicas expulsoras de personas migrantes, particularmente en los responsables políticos de estos amplios flujos migratorios que, aunque discursivamente dicen lo contrario, influyen directamente en que la cuestión migratoria siga irresuelta y que se agrave cada día más.
Autoritarismos como potenciadores migratorios
Junto a México, Centroamérica es una de las regiones que más expulsa a personas de sus territorios. Son diversas las cuestiones que posibilitan dichos flujos: debilidad estatal respaldada por élites político-económicas que utilizan al Estado como plataforma enriquecedora, una profunda debilidad económica propiciada por la alta concentración de la riqueza, hegemonías construidas a través de los aparatos militares y numerosas violencias que atraviesan a las comunidades y sus territorios profundamente (narcotráfico, crimen organizado, violencia estatal y paraestatal). Frente a todas estas tensiones político-económicas ha sido poco o nulo lo que se ha logrado avanzar en la mitigación de los flujos migratorios, muy a pesar de que en la región al menos tres gobiernos dicen ser “progresistas” o de “izquierda”: 1) Xiomara Castro, electa en 2021, asumió la presidencia hondureña en enero del 2022; 2) Bernardo Arévalo cuyo gobierno inició en enero 2024 y; 3) los cada vez más innombrables, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo que dirigen Nicaragua, a través de una dictadura, desde el 2006.
Frente a los supuestos progresistas se encuentran Nayib Bukele en El Salvador, Rodrigo Chaves en Costa Rica y el recién iniciado gobierno de José Raúl Mulino en Panamá. Bukele ha significado un grave retroceso en El Salvador: en su primer mandato logró una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa y, consecuentemente, en el Poder Judicial que permitieron concentrar el poder en la figura presidencial. Tras un fallido proceso de negociación con las maras y/o pandillas, Bukele hizo del Estado de Excepción una norma[1] para encarcelar a cualquier persona que fuera sospechosa y con ello logró desarticular a las pandillas. Estrategia que está basada en graves violaciones a los Derechos Humanos pues, gracias a la excepcionalidad, Bukele arrasó con barrios empobrecidos, construyó el centro penal más grande del mundo[2], encarceló a miles de personas vulnerabilizadas que no estaban vinculadas con las Maras o pandillas y las obligó a condiciones inhumanas en las prisiones.
En el régimen de Bukele, las cárceles se convirtieron en morgues: de acuerdo a Cristosal, para julio del 2024, al menos 265 personas murieron mientras se encontraban en la custodia del Estado -cuatro eran niñas, niños-. Pese a la violencia y la militarización de la vida cotidiana, Bukele es altamente popular gracias a que logró desarticular a las maras y pandillas. Así la persecución política a sus desertores -militantes de otros partidos, periodistas, defensores de derechos humanos- y la cooptación del Poder Judicial le fue suficiente para que Nayib Bukele fuera electo para un segundo período pese a que la Constitución Política lo prohíba expresamente.
Rodrigo Chaves, por su parte, ha deseado la suerte de Bukele y lo dejó manifiesto en la visita oficial que realizó el mandatario salvadoreño a Costa Rica; momento en el que Chaves prefirió recibir a su homólogo en lugar de atender la emergencia nacional producida por la onda tropical N. 45. Dicho deseo se debe a que el mandatario costarricense ha encontrado una serie de límites a sus propuestas –o más bien ocurrencias debido a su carencia de criterio técnico y administrativo– en el Poder Judicial y en la Contraloría de la República. Frente a ello, Chaves presentó modificaciones constitucionales que no fueron más allá por su débil representación plenaria y ha desarrollado una campaña de persecución política contra periodistas y cualquier desertor. Peor aún, en lo que va de su mandato, el país ha enfrentado una ola de violencia sin precedentes; evidenciando que la burbuja costarricense no era más que eso: un frágil espejo que no reflejaba las dinámicas excluyentes que arrojan a sectores completos a la delincuencia y el narcotráfico. En dicho contexto, Bukele recomendó concentrar el poder en la figura del mandatario para que él pudiese enfrentar el problema de inseguridad y violencia. Chaves por su parte condecoró a Bukele con la Orden Juan Mora Fernández, la más alta distinción en el país.
El éxito de la estrategia contra el crimen de Bukele ha ganado simpatizantes no sólo en Rodrigo Chaves, también en la progresista Xiomara Castro que instaló al Estado de Excepción como permanente en Honduras. Ello, sin obtener los mismos resultados que Bukele, pero que de todas maneras no rompió con la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles catrachas que impuso el Partido Nacional tras el golpe de Estado contra Zelaya en 2009 – que era una de las promesas electorales más importantes-.
Otro aspecto que no resulta menor es que Bernardo Arévalo fue el primer mandatario en reconocer la segunda administración inconstitucional de Bukele; aún cuando el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador no había hecho la declaratoria oficial. Dichos coqueteos entre el progresismo y Bukele nos arrojan una serie de interrogantes sobre las intenciones de los mandatarios centroamericanos; dejando la deriva autoritaria en el centro de la discusión. ¿Qué es lo realmente admirable de Bukele: su estrategia de seguridad, asentada en las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos o su maquinaria publicitaria y electoral? ¿Se trata de seguir los pasos del dictador más cool del mundo o de re pensar las condiciones estructurales de la región para transformarlas?
Lo cierto es que la deriva autoritaria no deviene en esperanza, al contrario reproduce violencia en una región que de por sí estaba asediada por el crimen y basada en un ordenamiento económico internacional que arroja a las economías centroamericanas a la debilidad perpetua. Como si ello fuera poco, es nulo el avance contra la corrupción y la impunidad, tejiendo desesperanza y desolación a la población más vulnerabilizada en la región. En ese sentido, vale la pena preguntarnos sobre el autoritarismo en la región y como éste se transformará con el regreso de Donald Trump a la Presidencia estadounidense.
Sin ningún ánimo de predecir el futuro, el 2025 no avecina una mejora de las condiciones de la región o de las personas migrantes. Al contrario, pareciera indicar a mandatarios sedientos de poder, enfrascados en la contienda electoral y autoritaria para mantenerse en el Ejecutivo, incluso con modificaciones constitucionales exprés al estilo de Ortega-Murillo. Por el otro lado, los que aparentemente aún no han sido seducidos por Bukele, han hecho poco por amortiguar la dolorosa experiencia de habitar territorio centroamericano.
Así, no queda nada más que la organización comunitaria y autónoma para construir nuevos horizontes políticos que pongan en el centro la vida. Si los Estados y Partidos Políticos no responden, las opciones están en lo comunitario y colectivo; justo sobre las formas que permitió a los Pueblos Originarios existir y resistir al día de hoy.
[1] La declaración del Estado de Excepción fue en marzo del 2022. Desde entonces, el período de excepcionalidad ha sido renovado; contradiciendo la propia naturaleza de excepcionalidad es decir, de que no son medidas que puedan permanecer porque potencian las violaciones a los derechos humanos.
[2] Nombrado como Centro de Confinamiento del Terrorismo, en el Departamento de San Vicente de El Salvador.
*Nery Chaves García. Centroamericana, nacida en Costa Rica. Feminista y comunicadora independiente. Acompaña a la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) de Costa Rica y las Organizaciones Propias que la conforman desde 2018. Autora del I, II y III Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica. Egresada de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participa en el Grupo de Trabajo de CLACSO «Violencias en Centroamérica» y perteneció al Observatorio de Política del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), donde trabajó sobre la coyuntura política centroamericana.
