Preguntamos a seis periodistas de Centroamérica acerca de las perspectivas que tienen para este 2025 en sus países. Hablamos con Claudia Méndez Arriaza, de Guatemala; Sara Acosta, de El Salvador; Catherine Calderón, de Honduras; Hansel Quintero, de Nicaragua; Adrián Zúñiga, de Costa Rica; y Carolina Sánchez, de Panamá.
Las conclusiones son amplias, pero la mayor coincidencia es que Centroamérica -y el mundo- se verá afectada por las decisiones que tome Donald Trump una vez que aterrice por segunda vez en la Casa Blanca.
Además, el año del istmo estará flanqueado por dos procesos electorales, así como por el deterioro democrático y una vital lucha por la defensa de los derechos humanos y el territorio frente a la violencia y el autoritarismo creciente.
Trump 2.0
El periodista nicaragüense Hansel Quintero, director ejecutivo de Hora Cero, exiliado en México, considera que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos plantea un escenario “muy volátil” para la región, en el que tampoco hay certeza sobre su posición con los gobiernos dictatoriales o antagónicos a su proyecto.
Sin embargo, hay indicios “de un viraje expansionista e imperialista” de Trump, con amenazas directas sobre el Canal de Panamá, Groenlandia, México y Canadá, a diferencia de su primer mandato, de corte “más proteccionista”, agrega Quintero.
La periodista panameña Carolina Sánchez, le describe a ACENTO que en su país sorprendió la avanzada de Trump sobre el Canal, en plenas fiestas de fin de año. “Cuando pensamos que era un tema superado entre ambos países, que el presidente electo dijera que buscará recuperarlo, causó bastante opinión en las redes. Incluso hasta expresidentes se pronunciaron en contra. Es un tema que ha traído mucha confrontación de cuando estaban las bases estadounidenses en Panamá”.
También suenan las alarmas en relación con el tema migratorio y las amenazas de deportaciones masivas anunciadas por el futuro habitante de la Casa Blanca. Panamá ha vivido una crisis humanitaria en el tapón del Darién, la selva inhóspita que une el centro con el sur de América y que ha sido utilizada como ruta de paso por miles de personas, principalmente de nacionalidad venezolana.
A las declaraciones de Trump se suma la tensión política en Venezuela, con la reciente controversial toma de posesión de Nicolás Maduro. Carolina Sánchez reconoce que “si la situación económica y social se aprieta en Venezuela, la crisis en el Darién se agravará”, pese a las maniobras que desde que llegó al poder en julio ha intentado el presidente Raúl Mulino.
En cuanto a Nicaragua, Hansel Qujintero advierte que su país estará pendiente del tratado de libre comercio con Estados Unidos y las repercusiones económicas que pueda tener si este sufre modificaciones. Le preocupa, además, el vencimiento del permiso de permanencia temporal (parole), que podría “dejar en el limbo a unos 80 mil nicaragüenses” en Estados Unidos. Habrá que ver, dice, “si las fronteras estarán abiertas o cuáles serán las condiciones de retorno” de los y las afectadas.
En El Salvador también hay zozobra en torno a la vida de más de 2 millones de connacionales en Estados Unidos, de acuerdo con Sara Acosta, corresponsal de la Agencia EFE. La deportación masiva de migrantes, como ha prometido Trump, “podría empeorar la economía”, pues “muchos salvadoreños tienen su fuerza laboral allá”, además de que “no hay condiciones para el retorno de una parte ni mucho menos de todo el porcentaje” de salvadoreños en el país norteamericano.
Aunque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ufanado de contar con una buena relación con Trump, la periodista recuerda que en el primer mandato de ambos gobernantes “no se sacó ningún beneficio” de esa supuesta amistad, aunque reconoce que coincidieron en el cargo por poco más de un año. Sin embargo, “ahora, con cinco años a cuestas veremos si pueden llegar a acuerdos”, principalmente que velen por evitar la deportación masiva de personas.
En Honduras, por su parte, la periodista Catherine Calderón, de Contra Corriente, sostiene que la probable deportación masiva de personas será uno de los temas prioritarios del año. Esto agravará una relación desgastada, que en 2024 vivió momentos bajos con la disputa entre la presidenta Xiomara Castro y la embajadora de EE.UU. en Honduras, Laura Dogu.
Una fuente de conflicto anunciada por la mandataria hondureña es el posible cierre de la base militar José Enrique Soto Cano, conocida como Palmerola, en caso de cumplirse las deportaciones anunciadas por Trump.
La periodista agrega que, ante la posible tensión diplomática con Estados Unidos, Xiomara Castro también cuenta con respaldo regional en la figura de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. “Si bien ya tenía buena relación (Castro) con el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, sigue compartiendo mucho con Sheinbaum y esa relación será muy importante por un tema estratégico”, como el que se circunscribe a la exploración petrolera en la Moskitia.
Deterioro democrático
El 2025 no estará exento de la profundización del autoritarismo en Centroamérica.
En Guatemala, como indica Claudia Méndez Arriaza, directora editorial de Con Criterio, continuará la lucha contra la corrupción. Un proceso “que se está viviendo y que viene de una década atrás, particularmente marcada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, que alcanzó a mostrar la gran corrupción y la cooptación del Estado, pero que provocó una reacción virulenta del sistema.
“La elección de Bernardo Arévalo como presidente, de hecho, es un punto en esa línea del proceso”, enfatiza Méndez Arriaza. La población reconoció en el actual mandatario la vía para “cortar con esa tradición de los partidos políticos que habían gobernado hasta entonces”. Y bastó con una reducida fracción de votantes “pero suficientemente mayoritaria para llevarlo a segunda vuelta y luego hacerlo presidente”.
Guatemala, sostiene la periodista, “vive un proceso de cooptación de justicia que cayó en manos criminales” y la pugna por el rescate del Estado seguirá siendo clave, mientras la fiscal mantiene su poder, pero no la popularidad, pues “9 de cada 10 guatemaltecos la rechazan”, de acuerdo con una encuesta a la que Claudia Méndez tuvo acceso, pero que no se hizo pública. “Hace tres años, el porcentaje era 7 de cada 10 y algo ha pasado con esos otros dos puntos”, un hecho que podría ser clave en este tablero.
Honduras, por su parte, irá a elecciones este año. Primero llevará a cabo unas primarias en marzo, que servirán de termómetro electoral, y, finalmente, decidirá el rumbo del país a finales de noviembre.
La periodista Catherine Calderón describe un panorama aún incierto, con disputas internas en los partidos. El oficialismo decidirá entre la actual ministra de Defensa Rixi Moncada, la favorita de Xiomara Castro, o Rasel Tomé, con menos probabilidades de llegar a la boleta. Por el conservador partido Nacional, en cambio, se decidirá entre las figuras de la controversial exprimera dama Ana García Carías, esposa de Juan Orlando Hernández (condenado por narcotráfico en EE.UU.) y Nasry Asfura, apodado Papi. Además, el otro partido tradicional, el Liberal decidirá entre un antiguo aliado de la dinastía Zelaya, Jorge Cálix y “el eterno outsider” Salvador Nasralla.
En El Salvador el poder absoluto de Nayib Bukele, que aglutina a los tres órganos del Estado y que le ha permitido instaurar un régimen de excepción desde marzo de 2022, podría aumentar este año. La periodista Sara Acosta, corresponsal de Efe en ese país, recuerda que la Asamblea tiene “la llave para cambiar la Constitución”, por lo que es previsible que se ratifiquen las reformas para su transformación previo al cambio de mando en junio pasado.
“Causa mucha curiosidad que ya comenzó el año y aún no han votado para ratificar los cambios a la Constitución. De hecho, terminó 2024 y ya hubo dos sesiones plenarias en el 25 y no lo han hecho. Queda la duda de por qué no lo han hecho, pero, también, de en qué momento lo harán”, agrega.
En Costa Rica, además, también se prevé la agudización del autoritarismo, ya que el presidente, Rodrigo Chaves “se enfrenta a todos los que no piensen como él y tiene frentes abiertos contra la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, las universidades estatales, la Contraloría General, los medios de comunicación y otros grupos”, a decir del periodista Adrián Zúñiga, de Semanario Universidad.
Son diversos frentes que mantienen tensión en un año clave para el gobierno, el último de la Administración de Chaves, quien pese a todos esos frentes abiertos, añade el periodista, “goza de una alta popularidad entre la población, según encuestas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Sin embargo, iniciará el año electoral sin haber encontrado un partido político en el que acomodar su movimiento, pero con un discurso chocante y agresivo”.
Incluso “se especula mucho de una posible renuncia de Chaves a la Presidencia para luchar por un puesto en el próximo Congreso, lo cual el propio mandatario ha confesado valorar”, expresa Zúñiga.
En Nicaragua también se tenía prevista una reforma a la Constitución, que se hizo efectiva el lunes 13 de enero. Hansel Quintero enfatiza que más que una serie de reformas se trata de la confección de un traje a la medida del régimen Ortega-Murillo, que “consolida a la dictadura dinástica y de sucesión familiar, con muchísimos más poderes para Rosario Murillo, que ya los ostentaba de manera fáctica, pero ahora serán constitucionales”.
Queda la duda, sugiere, de cómo se preparará la eventual sucesión. Si será a manos de Murillo o bien, de manera directa para Laureano Ortega Murillo, de 43 años de edad, “el primero en la lista”, según Quintero.
La apuesta de la seguridad
La inseguridad continuará en la mira este año, con una perspectiva en la profundización de la represión como eje articulador de los regímenes autoritarios de la región.
Es uno de los asuntos más importantes para la población salvadoreña, pero, sobre todo, un capital vital para su gobierno. El régimen de excepción, que ya no es tal pues desde 2022 es una medida permanente, “puede ser que haya mejorado la vida de las personas en términos generales, pero también ha afectado otras áreas. Ha habido violaciones a los derechos humanos e incluso un alza en otras violencias, como feminicidios o agresiones sexuales”, según Sara Acosta. Pareciera, concluye, que no hay un plan integral de atención tanto a las causas de la inseguridad, como a otros fenómenos violentos.
Honduras ha replicado el “método Bukele” para contrarrestar a las pandillas con la misma receta: una ampliación del estado de excepción cada 45 días. Pero, al igual que en El Salvador, Catherine Calderón sostiene que “ha habido un alto índice de feminicidios y solo en las primeras semanas de enero hubo 15 muertes violentas de mujeres, desapariciones y raptos, con un alza en violencia basada en género en todas las escalas”.
En Nicaragua, se sigue una tendencia similar, pues Hansel Quintero señala que es uno de los países “con una alta tasa de mortalidad de mujeres por feminicidio, que va en ascenso” y subraya que “el 95 por ciento de los casos están quedando en la impunidad”.
Mientras que en Costa Rica, “los años 2023 y 2024 fueron, en ese orden, los años más violentos en la historia nacional, debido al avance del narcotráfico y el crimen organizado”, como indica Zúñiga. Una situación que además se enmarca en el reciente acercamiento entre los presidentes Rodrigo Chaves y Nayib Bukele, aunque aún sin medidas oficiales en la república.
La defensa de los derechos humanos
La región vive un momento crucial en la resistencia de los pueblos, la lucha por resguardar los derechos humanos y la pluralidad. Tantos frentes abiertos en Centroamérica se expanden y contagian en la búsqueda de justicia.
La libertad de prensa en Nicaragua es uno de los temas más urgentes, pero que además se agravará este año. “Se están alineando todos los astros para ser uno de los peores años en cuestión de libertad de prensa”, advierte Hansel Quintero, pues si bien el país ya es uno de los que tiene más bajos índices en ese tema, “habrá un recrudecimiento”. Para finales del año pasado ya había nueve departamentos sin periodistas independientes, señala Quintero, pero “vamos a poder ver cerca de la totalidad del territorio con esta misma situación”.
En Costa Rica, los principales frentes sociales serán el educativo y el de la seguridad social. El periodista Adrián Zúñiga sostiene que la educación en su país “atraviesa una terrible crisis”, sin una “estrategia clara para atenderla” desde el gobierno, mientras que “los niveles de inversión cayeron a los puntos más bajos que llevamos de siglo”, a lo que se suma una “innecesaria pero grave confrontación contra las universidades estatales, que tienen autonomía de gobierno”.
En Panamá también hay mucho interés en la Caja de Seguro Social, que podría ser sujeta de una reforma profunda, según Carolina Sánchez. “Se esperaba que para fin de año el tema de las reformas a la Caja quedara cerrado, pero solo es el principio. Se dijo que en la asamblea se retomará y se espera que para mediados de año se concrete la reforma en cuanto a edad de jubilación y cuotas, mientras la población necesita medicamentos y mejor atención”, agrega la periodista.
En Guatemala, el movimiento indígena representado en sus diversas autoridades ancestrales, las municipalidades locales y la organización social siguen abriendo camino. Claudia Méndez reconoce que en la Administración de Arévalo “tienen una participación constante” y cuentan con “una mayor relevancia”, pues, se pregunta, “¿qué sería de este gobierno sin esta compañía?”. Por ejemplo, recuerda que en la última semana entrevistó al encargado del Turismo en el país, Harris Whitbeck, quien aseguró que “instalará una comisión para escuchar de diversos sectores qué es lo que quieren del turismo en el país y entre los participantes estarán las autoridades ancestrales”.
La defensa de los territorios, de los derechos humanos, de las minorías, la democracia y la pluralidad, continuará marcando la pauta de otro año más, en una región que sigue sufriendo el constante asedio de la persecución política, los exilios y el despojo.
✍🏽 Escrito por Emiliano Castro Sáenz