El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción cumple ocho años sin justicia para las víctimas, sus familiares y la sociedad guatemalteca. Repasamos qué pasó y en qué está el caso penal contra los funcionarios del gobierno calamitoso de Jimmy Morales.
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Sucedió el 8 de marzo de 2017 en un día de rabia contra el gobierno de Jimmy Morales, que ya dibujaba la venganza judicial que hoy, dos gobiernos después, reina en Guatemala. La mañana del Día Internacional de la Mujer se produjo un incendio en un albergue estatal para niñas y adolescentes que cobró la vida de 41 de ellas y dejó a otras 15 heridas, en un hecho que continúa impune.
Algunos medios contribuyeron a la confusión general en un día crucial como el 8M, con marcha, protesta, fiesta y baile. Las actividades en lo general continuaron pese a la tragedia y a los contingentes que se dirigieron a la zona cero. Hubo desinformación, incertidumbre, confusión. En la narrativa mediática no dejaba de repetirse que se trataba de un centro de detención de jóvenes en conflicto con la ley, lo que anestesió inicialmente a una parte de la población sobre la tragedia.
Cuando el velo de la fiesta se diluyó, la realidad se mostró áspera y traumática: habían muerto decenas de niñas que protestaban contra un sistema de violencia, abusos y opresión, mientras vivían resguardadas en un hogar estatal de abrigo y protección, internadas allí por decisión judicial por la vulneración de sus derechos en el seno de sus familias.
La hoguera en el hogar
El infierno se desató en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, ubicado en el municipio de San José Pinula, colindante con la Ciudad de Guatemala.
Con el paso de los días y los meses, emergieron detalles cruciales sobre la quema de las niñas. Se supo que las menores, rescatadas por el estado para su protección por diversas razones, eran continuamente abusadas y violentadas por el personal a cargo y que no era la primera vez que planificaban escapar de ahí. Incluso existen denuncias que apuntan a la posible existencia de una red de trata de menores en el Hogar Seguro.
El 7 de marzo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, hartas de los abusos y las malas condiciones, las niñas se organizaron para huir. Las acompañaron decenas de jóvenes varones que permanecían en un sitio anexo, con las mismas condiciones de maltrato. Pero el escape fue frustrado por un convoy de un centenar de policías que condujeron a las menores frente al portón del edificio, bajo las órdenes directas del entonces presidente Morales de permanecer en el perímetro pese que las niñas no estaban bajo ningún proceso penal ni la policía contaba con jurisdicción allí.
Transcurridas varias horas, policías y supervisores acordaron encerrar a los niños en un auditorio y a las niñas en un cuarto para supuestamente controlar la situación.
La habitación designada para las 56 menores medía era el aula de pedagogía y medía 6.80 por 7 metros. Después de horas transcurridas bajo encierro sin la posibilidad de ir al baño ni comer o tomar agua, una de ellas decidió quemar con un cerillo una de las colchonetas de hule espuma que les habían dado para pasar la noche, con el fin de llamar la atención y ser liberadas.
Ni los gritos, ni el humo, ni el olor. No hubo poder que moviera a policías y supervisoras de abrir la puerta cerrada con candado. Pasaron 9 minutos entre llamas, mientras la llave del candado permanecía en poder de una de las agentes que, según testigos del caso, llegó a decir: “que se quemen esas hijas de la gran puta”. Hasta que la misma agente abrió la puerta de esa aula donde 19 niñas murieron de asfixia, 22 por quemaduras graves y 15 más resultaron heridas.
La impunidad segura
En enero se cumplió un año del inicio del juicio en contra de ocho funcionarios del gobierno de Morales, acusados de haber cometido homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Todos los implicados salieron de la cárcel y fueron beneficiados con medidas sustitutivas de arresto domiciliario y la prohibición de salir del país.
Los funcionarios acusados por la Fiscalía son Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; Harold Augusto Flores, exprocurador de la Niñez; Brenda Julissa Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato; Lucinda Eva Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil; Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la Policía; y Gloria Castro, exdefensora de la Niñez.
Se prevé que el juicio, que se desarrolla lentamente en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, presidido por la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, concluya en mayo próximo. Pero aún faltan las pruebas de los querellantes y de los abogados defensores, así como las conclusiones y la resolución final.
Pese a haber sido señalado y que su nombre saliera a flote durante distintas fases del proceso y el juicio en sí mismo, el expresidente Jimmy Morales no ha sido objeto de investigación por la quema del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Su presidencia culminó en enero de 2020, pero el comediante de televisión mantuvo el derecho de antejuicio (fuero) como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) los siguientes cuatro años, como en derecho corresponde a cada binomio presidencial. En enero de 2024, sin embargo, perdió el fuero al concluir su etapa en el Parlacen y luego de haber perdido en las elecciones pasadas el escaño en el Congreso al que aspiraba.
El Hogar Seguro es una herida abierta a la espera de justicia. Su memoria vibra cada 8M con más fuerza, desde el corazón del país, en el altar de 41 cruces que levantaron las madres de las niñas al pie del asta bandera para recordarlas siempre.
