La política desenfrenada de deportaciones y encarcelamientos masivos de los presidentes de EUA y El Salvador no admite intrusos como la justicia o el Estado de Derecho. Es una vorágine que se alimenta de un sistema en decadencia.
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Marzo es un mes determinante para el salvadoreño Kilmar Armando Abrego García. Fue en marzo de hace 13 años cuando pasó de forma irregular la frontera de México con Estados Unidos, cerca de McAllen, Texas. También fue en marzo de hace seis años que fue detenido cuando buscaba trabajo en un Home Depot de Maryland, señalado sin pruebas de pertenecer a la pandilla MS-13. Y finalmente el 15 de marzo de este año fue deportado junto a cientos de compatriotas y venezolanos por el gobierno de Donald Trump desde EUA a El Salvador, para ser encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la famosa megacárcel del presidente Nayib Bukele.
No importó la orden de un juez para que el avión con 252 venezolanos y salvadoreños deportados el 15 de marzo, entre ellos Abrego, regresara a suelo estadounidense. Tampoco la orden de una jueza federal para devolver al salvadoreño a EUA, ni la confirmación de esta orden del Tribunal Supremo unos días después.
Ambos gobiernos insisten en la vinculación de Abrego con la Mara Salvatrucha, aunque las pruebas, que giran en torno a su vestimenta, una advertencia de tránsito (mientras trasladaba a ocho personas en su auto) y rumores, han sido calificadas como “poco convincentes” por una jueza de Maryland.
Los supuestos bastaron para destruir una vida y hacer caso omiso a decisiones judiciales. El caso es tan complicado, que ha mostrado al gobierno de Trump en una constante contradicción: mientras la justicia admite que Abrego fue expulsado por “un error administrativo”, los colaboradores del presidente insisten en que había razones suficientes para enviarlo, junto a otros cientos de migrantes indocumentados –también vinculados con pandillas– al Cecot.
Incluso el principal asesor de política migratoria de Trump, Stephen Miller, enfatizó que Abrego “no fue enviado por error a El Salvador”. Y añadió que “fue la persona correcta enviada al lugar correcto”.
La oposición en EUA sí ha manifestado su rechazo a las decisiones arrebatadas de Trump alrededor de este caso. Incluso se han sumado conservadores y hasta un juez de la Corte Federal de Apelaciones, quienes han considerado como un “desacato” Y una “pauta de desprecio al Estado de Derecho” a la persistencia del mandatario en desoír la revocatoria a la deportación de Abrego.
Impunidad compartida
Hace dos semanas Bukele viajó a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca. Hablaron, entre otros temas, de Abrego, sobre quien el presidente salvadoreño subrayó que no lo enviaría de vuelta porque “no nos gusta mucho liberar a los terroristas en nuestro país”. Y concluyó que (tampoco él) tenía el poder de devolverlo a EUA.
Unos días después de su reunión con Bukele, Trump mostró en su red social una fotografía de la supuesta mano tatuada de Abrego, con presuntos tatuajes que lo podrían vincular con la MS-13.
Los dichos, los posteos y la narrativa, en este multiverso diagramado por Trump y Bukele, pueden más que los procesos legales, el derecho a la defensa y los derechos humanos.
Es fundamental, en esta política carcelaria, mostrar al mundo la deshumanización para validarse. Así llegan creadores de contenido como Luisito Comunica o Lethal Crysis a admirar una cárcel como el Cecot y a asegurar que, junto a ellos, allí dentro, están los hombres más peligrosos del mundo. Porque eso ya lo decretó Bukele, porque así se lo compró Trump.
País cárcel
El Salvador se ha convertido en un país que tiene en la cárcel a uno de cada 57 habitantes, con el 9% del total de hombres de entre 25 y 29 años presos. Con un estado de excepción que es en realidad la regla de vida, sin garantías constitucionales, desde hace tres años, cuando, también en un mes de marzo, se instauró el nuevo modelo de seguridad diseñado por Bukele.
Abrego es la representación de esta justicia distópica urdida por Bukele y Trump. Pero detrás están los cientos de venezolanos que tampoco han tenido acceso a la defensa y que continúan presos en el Cecot por supuestamente pertenecer al Tren de Aragua, la organización criminal originaria de Venezuela.
Pese a que las cortes han intervenido para impedir que Trump vuelva a decidir enviar a mas inmigrantes al Cecot, el presidente estadounidense piensa enviar hasta 500 presuntos miembros de pandillas a la “megacárcel” de Bukele. Ambos gobiernos continúan en negociaciones que, según un documento interno publicado por CNN, han acordado enviar y recibir 300 personas, de momento.
La voracidad de ambos regímenes pasa por encima de la lógica, del Estado de Derecho y de la vida de muchísimos ciudadanos y sus familias. Abrego es un estandarte, la necesidad de dos autócratas de validarse y demostrar, con su fuerza e impunidad, que su palabra es la última que suena.
👉🏽 Recomendamos: el podcast de El Faro “La lucha política en Washington por los encarcelados en el Cecot”.
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