Su presidencia ha sido marcada por la pugna legal con la fiscal general, acuerdos legislativos contra todo pronóstico y parálisis en la obra pública.
Parece tan lejano ese 14 de enero de 2024 en el que reinaba la incertidumbre en la transición del poder en Guatemala. Fue una jornada cardíaca ante la posibilidad de que se concretara un golpe de Estado desde la Fiscalía que concluyó en la madrugada del día siguiente con la juramentación de Bernardo Arévalo como presidente.
En estos 12 meses el tema principal que ha envuelto las acciones del gobierno de Arévalo ha sido la pugna judicial que encarna en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, y un sistema jurídico cooptado por redes criminales que operan bajo lo que se ha denominado “pacto de corruptos”. Arévalo ha optado por una salida institucional en un callejón sin escapatoria, sin embargo, la sociedad pareciera perder la confianza inicial hacia su gestión Su popularidad ha decaído, de acuerdo con una encuesta de CID Gallup, pues pasó de un 78% de aprobación en enero pasado, a un 54% en junio (el sondeo más reciente).
Como candidato y aún como presidente electo, Arévalo prometió que destituiría a Porras de su cargo. La acusó de obstaculizar la justicia y perseguir políticamente a opositores, pero se ha limitado a denunciarla dentro de la propia Fiscalía y a presentar acciones judiciales que han sido frenadas sistemáticamente mediante amparos de órganos estatales afines a la fiscal general.
En uno de sus editoriales, el medio de investigación Plaza Pública, enfatizó que pese a haber sido electo por “un pueblo urgido de hallar un líder para sacar al país del abismo”, Arévalo “no termina de asumir la responsabilidad política que le atañe, preocupado de manera irónica, por preservar una «institucionalidad» que se desmorona ante sus ojos”.
En otro editorial, Plaza Pública sostiene que la expectativa social que recae en el gobernante es la de “apropiarse de ese liderazgo en salvaguardar al Estado del dominio de las mafias”, toda vez que su triunfo electoral “constituyó un grave revés para la alianza corrupta que venía gobernando sin cortapisas”.
El mandatario lleva, también, sobre sí mismo una deuda con los pueblos indígenas, cuyos liderazgos fueron fundamentales para su turbulenta llegada al Palacio Nacional. Los 48 Cantones de Totonicapán, la organización que encabezó un paro de 106 días entre 2023 y 2024 en defensa de la democracia, advirtieron que “lejos de las promesas y discursos, sí, tenemos mucha preocupación por la falta de acciones concretas para realmente favorecernos”, pues apenas hay una representación de menos del 5% en espacios gubernamentales.
A pesar de haber sorteado un primer año de gobierno con un presupuesto heredado y de haber reflejado graves problemas en la adjudicación de obra pública, la Administración de Arévalo ha logrado victorias contundentes. En algunos ministerios ha cerrado la llave de desviaciones de recursos, pero, principalmente, ha triunfado con alianzas en el Congreso, donde ha conseguido ampliaciones presupuestarias, ha mantenido la junta directiva afín a su proyecto y un nuevo presupuesto para 2025 con un enfoque social.
Recomendamos este especial de No Ficción, en el que da cinco razones para ser pesimistas por el primer año de gobierno del Movimiento Semilla y otras cinco razones para ser optimistas por estos 12 meses transcurridos.
En 2025, será crucial el desarrollo del conflicto judicial del gobierno y la Fiscalía, previo al siguiente año, en el que Arévalo deberá elegir a un nuevo jefe o jefa del Ministerio Público y consolidar así su proyecto de rescate de nación.
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📷 Gobierno de Guatemala
