El régimen copresidencial del matrimonio Ortega-Murillo conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista con la amenaza de la vigilancia y la persecución a sus correligionarios.
Nicaragua conmemoró el pasado 19 de julio el 46 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, aquella gesta que liberó al país de una dictadura, que representó un hito en la lucha por la independencia y justicia social y que generó esperanzas de cambio y transformación social no solo en territorio nicaragüense, sino en toda Centroamérica.
En contraste, desde la tarima del poder absoluto en Managua, el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en el papel comparte la presidencia desde febrero de este año, celebraron junto a cientos de empleados públicos este día nacional con un velo de amenaza: o cooperan y siguen sumisos, o se les aplica todo el peso de la impunidad.
En su discurso, un Ortega cada vez menos presente en actos públicos debido a su deteriorado estado de salud, subrayó a su gente la necesidad de cumplir con sus tareas “sin descuidar la vigilancia revolucionaria y que de esa manera no les quede espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatrias, porque sabrán que en cuanto se les descubra, se les captura y se les procesa”.
Lo dice el co-gobernante de un país que vigila a una revolución olvidada y que desde la Rebelión de Abril de 2018 ha contabilizado a más de 350 jóvenes asesinados, a casi un millón de personas exiliadas (casi 1 de cada 7 habitantes) y a más de 3,700 personerías jurídicas de sociedad civil y universidades canceladas, según el informe “Nadie se va porque quiere. Voces de nicaragüenses en el exilio” (2024), prologado por Sergio Ramírez.
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